A pesar de que la Comunidad de Madrid se niega a aceptar que las medidas aprobadas durante este verano tienen como consecuencia la imposibilidad de hacer funcionar adecuadamente los centros educativos, a estas alturas, nadie con el mínimo espíritu crítico y que se haya molestado en conocer la situación que atraviesa actualmente la enseñanza pública puede negar la gravedad de los recortes efectuados por la administración que, como es bien sabido, no son más que la última embestida de toda una serie que ha venido produciéndose durante los últimos años. Negar esta evidencia hoy en día, sólo es posible desde la miopía del fanatismo político o desde una ignorancia que ya no tiene justificación.
LA CRISIS NO JUSTIFICA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
La enseñanza pública es uno de los pilares fundamentales de un estado democrático que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadadanos y que fomente el desarrollo de una sociedad cívica y responsable. Como garantía de nuestro futuro es, más que nunca, en tiempos de crisis cuando debemos defenderla y confiar en ella.
Los recortes realizados en los últimos años han producido un retroceso severo en la calidad y la cantidad de los servicios educativos públicos. Estos recortes no están justificados dado que no obedecen a la prioridad que acabamos de exponer: los recortes en educación y sanidad deberían ser el último recurso, la última batalla, ¡NO LA PRIMERA!
¿Cómo es posible justificar desde una actitud democrática que se esté recortando dinero de la educación pública mientras que las subvenciones para la educación concertada y privada no sólo se mantienen sino que aumentan? ¿Cómo se puede defender, sin sonrojarse, que la intención de estos recortes es ahorrar cuando los 80 millones de euros a los que asciende este supuesto ahorro suponen sólamente el 0,3% del presupuesto para educación de la Comunidad de Madrid que, sólamente en el sueldo de los altos cargos gasta más de 300.000 euros al año?
LA ENSEÑANZA PÚBLICA ES UN BIEN IRRENUNCIABLE E INSUSTITUIBLE
Las últimas declaraciones públicas de la presidenta Esperanza Aguirre y la intervención de la Consejera de Educación Lucía Figar en el foro “Comunión y Liberación” manifiestan una clara intención de apostar por un modelo educativo en el que la enseñanza concertada y privada predomine sobre la pública.
Esta apuesta se fundamenta en la idea de que la enseñanza pública es un fracaso y en la creencia de que la enseñanza privada garantiza la libertad de elección de los padres de su modelo educativo. Ambos argumentos son falaces:
- En primer lugar, si la enseñanza pública fuera efectivamente un fracaso, ésa debería ser una razón para invertir más en ella, no para abandonarla. La irresponsabildad que denota este argumento es imperdonable, pero es que además es falso. La educación pública española ha conseguido logros históricos en la última década: acabar con el analfabetismo en España por primera vez en la historia, consolidarse como un factor clave de integración social de la población inmigrante, asumir el aumento de la edad de escolarización desde los 14 a los 16 años, avanzar hacia el cambio de un paradigma educativo rígido y homogéneo a un modelo de enseñanza personalizada. Todo ello manteniendo un rendimiento académico en los alumnos que ha ido a la par que en la educación concertada. En definitiva, evaluar el éxito de la educación pública atendiendo exclusivamente a unas cifras estadísticas -como hace la Consejería- conduce inevitablemente a una distorsión de la realidad. La educación es un proceso humano en el que intervienen factores que no se pueden medir, ni ajustar a ninguna tabla.
- Por otra parte, la libertad, entendida como la facultad de elegir, sólo se puede garantizar si todos tienen las mismas oportunidades con independencia del nivel de renta. Pero además, debemos recordar que la enseñanza pública no sólo es gratuita, sino obligatoria hasta los 16 años. Este carácter obligatorio no es el mero producto de un imperativo económico, sino que manifiesta la necesidad democrática de que sea el estado, y no los intereses particulares de las empresas, el único que pueda establecer la orientación ideológica y las diferentes premisas por las que debe regirse el sistema educativo de un país.
La huelga supone un perjuicio para la comunidad educativa, en primer lugar, para los profesores que son los que más pierden desde el punto de vista económico y psicológico y en segundo lugar, para los alumnos que no pueden ejercer su derecho a la educación. No obstante, cabe recordar que se trata de evitar un mal mayor, que no es otro que el severo deterioro del sistema de enseñanza público a largo plazo. Pero incluso para los que pensamos que el fin no justifica los medios debemos tomar conciencia de que con esta huelga los profesores estamos enseñando de la mejor manera posible, con el ejemplo, una valiosísima lección de civismo y responsabilidad a nuestros alumnos, al mostrarles que no debemos permanecer inmóviles ante la injusticia. Con nuestro sacrificio les estamos enseñando lo mucho que significa para nosotros el sistema de enseñanza público y el hecho de que existen muchas cosas en esta vida que están por encima del dinero.
Aunque es cierto que existen otras medidas de presión, muchas de las cuales se están poniendo en práctica desde hace semanas, su eficacia está supeditada a la huelga. La principal ventaja de la huelga es que es una acción que podemos ejecutar todos juntos al mismo tiempo. No disponemos de otra medida más eficaz en una situación como la actual en la que nuestra reivindicación podría pasar fácilmente desapercibida debido a las innumerables señales de alerta que hay encendidas a causa de la crisis económica. Sin embargo, no podemos olvidar que la huelga sólo es un medio, un altavoz para nuestras reivindicaciones. Nuestra labor como profesores debe ser, más que nunca, hacer pedagogía y confiar – de otro modo nuestro trabajo no tendría sentido- en que los demás
entiendan nuestras razones y que a la luz de ese conocimiento actúen de forma justa.
ES NUESTRO DEBER DEFENDER LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Los profesores tenemos el deber ético de liderar la defensa del sistema educativo público. Si no ejercemos ese deber, la autoridad moral que nos arrogamos como educadores quedaría seriamente dañada. Ahora bien, ésta no es una lucha de los profesores contra la administración educativa, sino una lucha de TODOS los que defendemos una sociedad igualitaria que garantice la justicia social frente a la falta de escrúpulos de los mercados. Se trata de proteger un modelo de sociedad que no privilegie al que más tiene, se trata de luchar por la clase de mundo en el que vivirán nuestros hijos.
Hermes Luaces Feito. Profesor de Música de Educación Secundaria en el I.E.S. “Pedro de Tolosa” de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Asamblea Popular "La Encina"
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