Algunos gobiernos autonómicos, muy especialmente el de la Comunidad de Madrid, están acometiendo en estos últimos meses sustantivos recortes económicos en servicios sociales básicos como la educación pública. En el caso de Madrid el recorte ha consistido en asignar veinte horas semanales de docencia a cada profesor de la secundaria en centros públicos en lugar de las dieciocho que hasta ahora impartía. Para ello la presidenta regional no ha dudado en recurrir a la calumnia de que el profesorado tan solo trabaja esas dieciocho horas -su supina ignorancia concibe de este modo el trabajo del profesorado- y que, en consecuencia, pedirle dos horas de trabajo adicional, en un contexto de crisis económica aguda, no era mucho exigir. De paso lanzó la mentira de que esto ya sucede en Andalucía. En Castilla-La Mancha ni siquiera se miente: simplemente, como en 1984 de Orwell, se manipula el lenguaje y se niega que un recorte sea tal cosa. Pasar de dieciocho a veinte horas significa lisa y llanamente reducir plantillas. De acuerdo con los sindicatos del sector se trata de una reducción de 3.000 profesores. El Gobierno regional indicó que para afrontar esta minoración se suprimirían las tutorías. Pero hay más. Un recorte de este calibre significa reducir considerablemente horas de biblioteca o de laboratorio o la supresión de desdobles en ciertas materias (como Matemáticas o idiomas) y cuanto se tercie.
Esta política es, se mire como se mire, suicida. Vivimos en una sociedad en la que el conocimiento es la principal materia prima de la inmensa mayoría de los procesos productivos. Traducido a términos escolares, según se consignó en el Tratado de Lisboa del 2000, significa que hay que conseguir que al menos el 85 % de nuestros jóvenes consigan como mínimo una titulación de educación secundaria superior, bachillerato o ciclos formativos de nivel medio-. Los recortes solo pueden empeorar nuestros resultados en este aspecto esencial.
El alumnado de la pública -el cual no para de decrecer en Madrid- se encuentra en una clara situación de desventaja con respecto al de la concertada y la privada, redes hacia la cuales se dirigen crecientemente los grupos de mayor estatus socioeconómico.
Movilizaciones tan espectaculares como las de Madrid deberían llevarnos a repensar el servicio público de la educación. Hasta cierto punto la propia enseñanza pública es responsable de la espantada de las clases medias. Cuando desde la pública, especialmente sus sindicatos, se recurre a mentiras del mismo grueso calibre que las de Aguirre para defender la jornada continua en primaria o cuando se detesta la diversidad del alumnado se está lanzando el mensaje implícito de que es una escuela de la que hay que huir. Si realmente queremos que los sectores más dinámicos de nuestra sociedad vuelvan a la pública, y se unan a los que ya están aquí, esta debería empezar a funcionar en términos de escuela democrática, participativa, innovadora, dialógica, abierta al entorno y a las nuevas tecnologías. En definitiva, una escuela para el siglo XXI.
Rafael Feito
Doctor y profesor de Sociología, especializado en educación
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/12/02/0003_201112G2E8991.htm
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